Acaba de comenzar una Jornada Internacional por la libertad de los antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos desde 1998. La historia de estos jóvenes aquí la tenemos:
Todas las tramas de acciones violentas organizadas en Estados Unidos por grupos extremistas de origen cubano-americano, y apoyadas por los gobiernos de turno estadounidenses, hacen que la Isla tenga que buscar formas para tratar de disminuir o cercenar estos planes, y así evitar muertes inocentes.
Con esta visión defensiva, tanto de la soberanía como de los ciudadanos cubanos, cinco jóvenes se infiltraron en las organizaciones mercenarias armadas, en su cuartel general de la ciudad de Miami, para descubrir, sus planes terroristas contra Cuba.
El 12 de septiembre de 1998 el grupo fue detenido por el FBI. Los Cinco permanecieron en celdas de castigo, limitados en la información con sus familias y letrados, a la vez que les denegaron el acceso a toda la documentación en su contra para que sus abogados pudieran trabajar.
Durante 17 meses los mantuvieron, en lo que los presos denominan “el hueco”, calabozos para castigar indisciplinas en la prisión, algo que los detenidos no habían hecho.
Los círculos anti-cubanos ultra derechistas desplegaron una engañadora y rabiosa campaña propagandística presentándolos como peligrosos enemigos de la sociedad americana, para presionar a la opinión pública de Miami y al jurado, cuestión que fue denunciada por la Defensa, por lo que presentaron diversas solicitudes para un cambio de sede, las que fueron rechazadas continuamente.
Cargos
El juicio comenzó en el otoño de 2000 y terminó siete meses después, en junio de 2001. Comparecieron más de 70 testigos.
La acusación inicial contenía las siguientes imputaciones: conspiración, conspiración para cometer espionaje, agente de estado extranjero sin notificarse y falsa identidad. Más adelante le añaden el cargo contra Gerardo Hernández, de conspiración para cometer asesinato.
El clima de hostilidad era tal en la ciudad del sur de la Florida que los abogados de oficio designados pidieron la celebración del juicio en cualquier otro estado, donde prevalecieran seguridades rigurosas para un proceso íntegro, incorruptible y sin coacciones.
La juez federal Joan Lenard, quien tenía asignado el caso, denegó la solicitud, sin brindar explicación de por qué tal fallo, a pesar que conocía las presiones y amenazas que se estaban haciendo sobre el jurado por elementos recalcitrantes cubano-americanos.
Los 12 miembros del tribunal fueron seleccionados entre más de un centenar de ciudadanos, a los cuales durante las entrevistas para ser aprobados siempre se les hacia preguntas sobre temas políticos, y en particular si estaban a favor o en contra del embargo (bloqueo) norteamericano contra Cuba. Una respuesta afirmativa a eliminar el asedio los decantaba como miembros.
¿Inocentes o culpables?
Quedó demostrado, durante el juicio, que los acusados no eran una amenaza para la ciudadanía norteamericana, tampoco que indagaran acerca de datos secretos concernientes a la Seguridad de los Estados Unidos, ni ocasionaron perjuicio alguno contra sitios civiles o militares estadounidenses. Testimonios de altos oficiales del FBI y del Comando Sur reconocieron, sin lugar a dudas, que los Cinco no habían cometido espionaje contra ese país.
La Defensa dejó plenamente demostrado que la gravísima acusación a Gerardo Hernández de conspiración para asesinar vinculándolo al incidente de las avionetas que usurparon el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996, era absolutamente falsa. Se le condenó por un acto en el que no tuvo acción ni participación, y sólo compete al gobierno cubano tal tipo de decisiones en defensa legítima de su territorio e independencia.
El desenlace
Después de seis meses de juicio en diciembre de 2001, los declararon culpables de todos los cargos imputados, sin hacer preguntas a la Corte fueron condenados. El principal acusado, Gerardo Hernández, fue sancionado a dos cadenas perpetuas y 15 años de prisión. Antonio Guerrero y Ramón Labañino recibieron cadenas perpetuas, además de 10 y 18 años adicionales de reclusión. Fernando González y René González fueron condenados a 19 y 15 años, respectivamente.
Los luchadores antiterroristas, fueron alejados e instalados en penitenciarías de alta seguridad, a cientos de kilómetros unos de otros. A René y Gerardo les niegan encontrarse con sus cónyuges, en quebranto de las legislaciones norteamericanas y las reglas universales.
Los injustamente prisioneros cubanos apelaron inmediatamente las sentencias ante el 11no. Circuito de Atlanta, en Georgia. Posterior a una minuciosa revisión de los documentos, un trío de jueces hizo público, el 9 de agosto de 2005, un análisis detallado de 93 páginas acerca del proceso y las pruebas, y anuló el veredicto destacando que no habían tenido un proceso justo en Miami.
Se ordenó un nuevo juicio. Mas allá del reconocimiento de que los derechos elementales de los acusados fueron violados. La Corte, por primera vez en la historia de la jurisprudencia yanqui, aceptó las evidencias presentadas por la defensa respecto a las actividades terroristas efectuadas contra Cuba desde la Florida, mencionando inclusive en nota, el desempeño de Posada Carriles, y describiéndolo como un terrorista.
Por supuesto el fallo de los tres juristas de la corte de apelaciones dejó atónita a la administración de George W. Bush. Poco antes el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de mayo de 2005, concluyó como ilegales las detenciones de los Cinco cubanos y demandó al gobierno de Estados Unidos que adoptara disposiciones inmediatas para resolver el asunto.
Sin embargo, el ex-consejero de George Bush, y ex Ministro de Justicia, Alberto González, tomó la decisión inusitada de presentar un requerimiento ante los 12 jueces del 11no Circuito, pidiéndoles insistentemente revisar el dictamen del equipo, un procedimiento anormal, sobre todo cuando los tres jueces estuvieron de acuerdo y expresaron una opinión. En espera de este nuevo pronunciamiento del tribunal de apelaciones está el caso en la actualidad.
Con esta visión defensiva, tanto de la soberanía como de los ciudadanos cubanos, cinco jóvenes se infiltraron en las organizaciones mercenarias armadas, en su cuartel general de la ciudad de Miami, para descubrir, sus planes terroristas contra Cuba.
El 12 de septiembre de 1998 el grupo fue detenido por el FBI. Los Cinco permanecieron en celdas de castigo, limitados en la información con sus familias y letrados, a la vez que les denegaron el acceso a toda la documentación en su contra para que sus abogados pudieran trabajar.
Durante 17 meses los mantuvieron, en lo que los presos denominan “el hueco”, calabozos para castigar indisciplinas en la prisión, algo que los detenidos no habían hecho.
Los círculos anti-cubanos ultra derechistas desplegaron una engañadora y rabiosa campaña propagandística presentándolos como peligrosos enemigos de la sociedad americana, para presionar a la opinión pública de Miami y al jurado, cuestión que fue denunciada por la Defensa, por lo que presentaron diversas solicitudes para un cambio de sede, las que fueron rechazadas continuamente.
Cargos
El juicio comenzó en el otoño de 2000 y terminó siete meses después, en junio de 2001. Comparecieron más de 70 testigos.
La acusación inicial contenía las siguientes imputaciones: conspiración, conspiración para cometer espionaje, agente de estado extranjero sin notificarse y falsa identidad. Más adelante le añaden el cargo contra Gerardo Hernández, de conspiración para cometer asesinato.
El clima de hostilidad era tal en la ciudad del sur de la Florida que los abogados de oficio designados pidieron la celebración del juicio en cualquier otro estado, donde prevalecieran seguridades rigurosas para un proceso íntegro, incorruptible y sin coacciones.
La juez federal Joan Lenard, quien tenía asignado el caso, denegó la solicitud, sin brindar explicación de por qué tal fallo, a pesar que conocía las presiones y amenazas que se estaban haciendo sobre el jurado por elementos recalcitrantes cubano-americanos.
Los 12 miembros del tribunal fueron seleccionados entre más de un centenar de ciudadanos, a los cuales durante las entrevistas para ser aprobados siempre se les hacia preguntas sobre temas políticos, y en particular si estaban a favor o en contra del embargo (bloqueo) norteamericano contra Cuba. Una respuesta afirmativa a eliminar el asedio los decantaba como miembros.
¿Inocentes o culpables?
Quedó demostrado, durante el juicio, que los acusados no eran una amenaza para la ciudadanía norteamericana, tampoco que indagaran acerca de datos secretos concernientes a la Seguridad de los Estados Unidos, ni ocasionaron perjuicio alguno contra sitios civiles o militares estadounidenses. Testimonios de altos oficiales del FBI y del Comando Sur reconocieron, sin lugar a dudas, que los Cinco no habían cometido espionaje contra ese país.
La Defensa dejó plenamente demostrado que la gravísima acusación a Gerardo Hernández de conspiración para asesinar vinculándolo al incidente de las avionetas que usurparon el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996, era absolutamente falsa. Se le condenó por un acto en el que no tuvo acción ni participación, y sólo compete al gobierno cubano tal tipo de decisiones en defensa legítima de su territorio e independencia.
El desenlace
Después de seis meses de juicio en diciembre de 2001, los declararon culpables de todos los cargos imputados, sin hacer preguntas a la Corte fueron condenados. El principal acusado, Gerardo Hernández, fue sancionado a dos cadenas perpetuas y 15 años de prisión. Antonio Guerrero y Ramón Labañino recibieron cadenas perpetuas, además de 10 y 18 años adicionales de reclusión. Fernando González y René González fueron condenados a 19 y 15 años, respectivamente.
Los luchadores antiterroristas, fueron alejados e instalados en penitenciarías de alta seguridad, a cientos de kilómetros unos de otros. A René y Gerardo les niegan encontrarse con sus cónyuges, en quebranto de las legislaciones norteamericanas y las reglas universales.
Los injustamente prisioneros cubanos apelaron inmediatamente las sentencias ante el 11no. Circuito de Atlanta, en Georgia. Posterior a una minuciosa revisión de los documentos, un trío de jueces hizo público, el 9 de agosto de 2005, un análisis detallado de 93 páginas acerca del proceso y las pruebas, y anuló el veredicto destacando que no habían tenido un proceso justo en Miami.
Se ordenó un nuevo juicio. Mas allá del reconocimiento de que los derechos elementales de los acusados fueron violados. La Corte, por primera vez en la historia de la jurisprudencia yanqui, aceptó las evidencias presentadas por la defensa respecto a las actividades terroristas efectuadas contra Cuba desde la Florida, mencionando inclusive en nota, el desempeño de Posada Carriles, y describiéndolo como un terrorista.
Por supuesto el fallo de los tres juristas de la corte de apelaciones dejó atónita a la administración de George W. Bush. Poco antes el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de mayo de 2005, concluyó como ilegales las detenciones de los Cinco cubanos y demandó al gobierno de Estados Unidos que adoptara disposiciones inmediatas para resolver el asunto.
Sin embargo, el ex-consejero de George Bush, y ex Ministro de Justicia, Alberto González, tomó la decisión inusitada de presentar un requerimiento ante los 12 jueces del 11no Circuito, pidiéndoles insistentemente revisar el dictamen del equipo, un procedimiento anormal, sobre todo cuando los tres jueces estuvieron de acuerdo y expresaron una opinión. En espera de este nuevo pronunciamiento del tribunal de apelaciones está el caso en la actualidad.
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